Casi dos años han pasado desde que el Dr. Alberto Fernández asumiera la presidencia de la República Argentina. Dos años de fracasos en las políticas económicas y sociales que, por cierto, estuvieron afectadas por la pandemia del COVID 19 y su mal manejo. El resultado: más inflación, desempleo y pobreza, traducidos en mayor decadencia, con aislamiento internacional, caída de la educación y aumento de la inseguridad física y jurídica. Pero vayamos al análisis de los principales hechos y medidas con respecto al sector agropecuario.

La primera medida tomada por el señor Fernández fue el aumento de los derechos de exportación para granos y otros productos, llevando los mismos por ejemplo del 6,7% que tenían el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo al 12% y la soja del 27 al 33%. Además, mediante la Ley 27.541 de “Solidaridad social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, se estableció que los derechos para los primeros productos podrían aumentarse hasta el 15%, generando permanentes amenazas y dudas respecto a ese posible aumento del 3% adicional.

La segunda medida que afectó y hoy afecta sobremanera al sector fue la profundización del cepo cambiario, con distintas versiones, que hacen que hoy en día tengamos una brecha superior al 100%. Primero fue la limitación del dólar ahorro para los individuos, luego la aplicación del impuesto país y anticipo de ganancias, más tarde la reducción del cupo de compra, luego las limitaciones al uso del contado con liquidación, del dólar MEP y la complejidad para las autorizaciones de dólares de importaciones. Es decir que hoy, con esa brecha cambiaría un productor de soja está recibiendo el 38,5% del valor real de su producto teniendo en cuenta los precios internacionales (considerando la quita de derechos del 33% y la brecha cambiaria del 100%).

La tercera medida, que finalmente quedó trunca fue el proyecto de estatización de la empresa Vicentín y que fue motivo de una de las primeras marchas de protesta popular en las calles de todo el país, no por la defensa de una empresa que cometió varias irregularidades, sino en resguardo de las instituciones republicanas que prevén los correspondientes procesos penales y económicos para estos casos, ya sea con los concursos de acreedores o las quiebras. Pero el Gobierno intentaba con la intervención a la empresa dar un paso hacia la estatización del comercio de granos, que es un viejo anhelo del núcleo duro kirchnerista.

La cuarta acción, fue el apoyo al intento de copamiento de la propiedad privada, con el recordado caso de la familia Etchevehere, encabezado por el “dirigente social”, Juan Grabois y apoyado por varios funcionarios del Gobierno, donde se pretendió instalar un proyecto de granja “nacional y popular” en aras de defender los intereses de una hija de la familia supuestamente afectada por sus hermanos. Esta acción, cubierta con bombos y platillos por los medios de información públicos y los afines al kirchnerismo, movilizaron nuevamente a los sectores republicanos del país y, finalmente, la Justicia de Entre Ríos puso paños fríos al asunto.

La quinta acción fue la continua provocación al sector mediante el ataque y destrucción de silos bolsas a lo largo del país, extraoficialmente provocados por individuos relacionados con los sectores más radicalizados y afines a un sector del Gobierno, con el posible propósito de intentar mostrarle a la sociedad que el almacenamiento de granos como fuente de ahorro o protección de los recursos genuinamente ganados, eran un ataque al pueblo, ya que generaban incrementos artificiales de precios afectando la “mesa de los argentinos”.

La sexta medida fue la instalación de los cupos para la exportación de carne, a efectos de intentar bajar los precios para el consumo interno. Con esta medida, no sólo se afectó la rentabilidad de los productores ganaderos, sino que se paralizó la actividad de frigoríficos exportadores, generando desempleo y lo que es peor aún, se perdieron mercados del exterior que habían costado años recuperar. Las medidas cosméticas de apertura implementadas últimamente por el ministro Domínguez, no liberaron totalmente las exportaciones y los países competidores se han ido aprovechando de tal situación. Tal es el caso de Uruguay que desplazó a la Argentina del segundo lugar como exportador de carne a China. Como dato, la faena de bovinos cayó de enero a noviembre de 2021 un 8%.

La séptima medida fue la intervención encubierta de los mercados de trigo y maíz, a través del manejo de los registros de ventas al exterior, en acuerdos bajo presión con los sectores de la exportación. Esto comenzó en la campaña pasada cuando los registros de ventas de trigo llegaron a los 10,2 millones de toneladas, continuó este año cuando los registros de maíz llegaron a 38,5 millones de toneladas y siguió cuando los registros de trigo de la campaña 21/22 llegaron a 9 millones. Utilizando la falacia de que se estaban cubriendo los “saldos exportables” del país y a efectos de evitar el desabastecimiento interno, se solicitaba al sector exportador no realizar nuevas ventas al exterior para defender la “mesa de los argentinos” e intentar reducir los efectos inflacionarios, cuando sabido es que las causas de la inflación son otras (en especial la emisión monetaria sin respaldo) y que la incidencia de los precios de las materias primas en el costo de los productos elaborados no es muy significativa. El efecto ha sido el desacople de los precios locales de estos granos respecto a los internacionales, afectando nuevamente los márgenes de rentabilidad del productor.

La octava medida fue la autorización para la siembra de 55.000 hectáreas de trigo transgénico HB4, poniendo en graves riesgos la posible contaminación de todo el trigo convencional argentino que no es transgénico, aún a sabiendas de la respuesta negativa tanto de la molinería local y los exportadores, como de los compradores del trigo argentino en el exterior, tanto de Brasil como de otros países importadores que tienen marcos regulatorios para estos eventos. Sería tremendo en este sentido que, por la imprudencia gubernamental y empresarial, el trigo argentino de excelente aptitud panadera, pasara a considerarse como no apto para el consumo humano y se clasificara en adelante como trigo forrajero perdiendo entre el 10 y el 15% de su valor internacional.

La novena medida fue la limitación a la venta de divisas para la importación de insumos, que ha producido un desabastecimiento en ciertos rubros, tanto de fertilizantes como de agroquímicos, hecho que sumado a las importantes subas de estos productos en el mercado internacional del último semestre, debido a la crisis energética, han aumentado sensiblemente los costos de producción y la logística de abastecimiento.

Por último, se podría mencionar como décima medida el cambio de las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que nos retrotraen al peor período del kirchnerismo, cuando se aplicaron medidas semejantes a la actuales que restringen la libertad de comercio, pero bajo la apariencia de ser proclives al diálogo y la resolución de los problemas amigablemente, volviendo a mostrar el funcionamiento a doble faz o con dos caras que viene teniendo el Gobierno Nacional.

Conclusión, una política equivocada y contraria a los intereses del sector agropecuario que ha puesto en jaque varios derechos, como el de la propiedad privada y el de la libertad de comercio, desalentando el crecimiento más allá del permanente esfuerzo del sector por continuar invirtiendo y tratando de retomar las tasas de crecimiento que tuvo el sector en los cuatro años anteriores tanto en la producción como en la exportación de granos y carnes. Claro que la bonanza de los precios internacionales actuales, acompañados por un buen clima, pueden motivar este año un crecimiento de la producción y llevarla a un récord, pero no se deberá a medidas favorables del Gobierno sino al esfuerzo del productor y la situación climática e internacional.

¿Qué se puedo esperar en el futuro? Difícil saberlo con personas en el poder que cargan con un resentimiento profundo contra el sector, no sólo desde aquella fatídica Resolución 125 del 2008 que puso al campo de pie en lucha contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino desde mucho antes, cuando el populismo endilgó el mote de “oligarquía” al sector. En el mientras tanto, nosotros, los que amamos el campo argentino, seguiremos creyendo que: “Cultivar el suelo es servir a la patria”.