La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se
consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada por cada diputado” y se complementaba con el artículo 39 señalando: “Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el
número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años”.
El Gobierno de facto de 1972, cuando realizó el llamado a elecciones para el año siguiente, dictó la Ley 19.895 estableciendo el número
de diputados a elegirse por cada provincia sobre un total de 243
representantes. Más tarde, un nuevo gobierno de facto, en 1982, a través de la Ley 22.847, considerando en cierta forma los datos del censo de 1980, elevó el número de diputados a uno cada ciento sesenta y un mil habitantes o fracción no menor de ochenta mil quinientos, mencionando que: “A dicha representación se agregará, por cada distrito, la cantidad de (3) diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de cinco (5) diputados, ni inferior a la que cada distrito tenía al 23 de marzo de 1976. El Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sud, elegirá dos (2) diputados”. Incrementó
con esto el número de diputados a 254. Posteriormente, en 1990, al
provincializarse mediante la Ley 23.775, Tierra del Fuego adquirió el derecho a tener el mínimo de cinco (5) diputados establecidos por la Ley 22.847 del Gobierno de facto.
Obviamente, estas cláusulas introducidas por los militares favoreciendo a las provincias con menor número de habitantes distorsionaron la representatividad política buscada por Alberdi y los constituyentes de 1853.
¿Qué hicieron los constituyentes de 1994 al respecto? Nada. Aquellos
dos artículos de la Constitución de 1853 se mantuvieron casi tal cual estaban, pasando los artículos 37 y 39 a formar el artículo 45. ¿Por qué razón en ese momento no se derogó la Ley 22.847 del Gobierno de facto y se mantuvo el sistema ideado por los militares? ¿Tal vez porque no conseguirían reformar la Constitución sin el voto a favor de las provincias con menos habitantes? Muchos constituyentes siguen vivos y deberían explicarlo. Pero la pregunta llega hasta nuestros días, ¿por qué razón todavía sigue vigente la Ley 22.847 y se continúan repartiendo de igual manera las bancas de la Cámara de Diputados pese a que tenemos datos actualizados con el censo de 2010?
La distorsión permitida por toda la clase política dejó a la
provincia de Buenos Aires como la más perjudicada (con 30 diputados menos de los que tendría por cantidad de habitantes según el censo del 2010,) seguida por Córdoba (tres menos), Santa Fe, Mendoza y Salta (con uno menos). La más beneficiada, la Capital Federal y todas las provincias con menos de un millón de habitantes. Conclusión: la Cámara de Diputados no refleja el mapa político del país ni es el espejo de la Nación pretendido por quienes sentaron las bases de nuestra Organización Nacional. Además, con el agregado del tercer senador por provincia y la necesidad de los dos tercios para la sanción de ciertas leyes, se les garantiza a las provincias con menor número de habitantes tener
un poder que no se justifica ni representa fielmente los intereses de la
Nación.
Lo interesante del caso es que en el año 2016, un ciudadano
cordobés, presentó un recurso de apelación ante el juzgado federal con
competencia electoral de Córdoba alegando que el Congreso estaba obligado a cambiar la participación en base a los datos de población de 2010.(“Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo”), caso contrario su voto tenía menos valor que el de ciudadanos de otras provincias y no se estaba respetando los postulados del artículo 45, ni la igualdad ante la Ley. El juez de primera instancia rechazó el amparo pero el ciudadano apeló el fallo y la Cámara Nacional Electoral se expidió en 2018 dándole la razón resolviendo poner en conocimiento del Congreso que: “en ejercicio de sus atribuciones, extreme los recaudos para efectuar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional”, esto es, atenerse a la distribución de los diputados según el número de habitantes del último censo realizado en el 2010 (el de 2020 se aplazó por la pandemia). Me pregunto, ¿cuándo logrará el Congreso los votos para cambiar esta situación? Es difícil saberlo por lo apuntado precedentemente.
Si a esta forma de distribuir la representatividad política
en la Cámara de diputados le agregamos que seguimos utilizando el sistema de listas sábanas para elegir a los legisladores (donde el primero arrastra a los demás), advertiremos una de las posibles causas del fracaso nacional. Además, esta distribución representativa por demás distorsionada, como podremos ver en un próximo artículo, tiene influencia sobre la coparticipación federal.