Hace ya tres años y medio que
venimos señalando públicamente los errores y horrores en materia de política
agropecuaria de este Gobierno, donde a las restricciones de todo tipo a las
exportaciones, sumada a la política cambiaria que genera una brecha del 100% y a
una desacertada política antinflacionaria que en vez de cuidar “la mesa de los
argentinos” nos lleva a una inflación
proyectada de más del 120% anual, se suma la instrumentación continua de
sistemas de reparto de beneficios o incentivos, no sólo confusos, sino
retorcidos, que alimentan las continuas sospechas de que el capitalismo de
amigos es un hecho que se agrava aceleradamente. El mayor ejemplo de esto son
los llamados fideicomisos y fondos anticíclicos, así como los programas de
incremento de las exportaciones.
La
reciente instrumentación del llamado “dólar soja 3” que incluye ciertos
incentivos a las economías regionales es el mejor ejemplo de ello. Sabido es
que muchas entidades y actores del sector privado, recomendaron al ministro de
Economía, Dr. Sergio Massa, la eliminación total de los derechos de exportación
antes que adoptar el desacertado sistema de incentivos elegido con la
instrumentación del Decreto 194/23 (dólar a $300.-) y la Resolución 138/23 (con
el listado de productos de economías regionales), ya que el Estado iba a perder
menos plata por el menor ingreso de estos distorsivos impuestos a las exportación,
que por la diferencia de cambio que se generaría entre comprar dólares a $300.-
y venderlos a $215.- Pero no, este Gobierno siempre opta por lo peor y por la
instrumentación de sistemas, listados y procedimientos que generan hijos y
entenados, lo que nos deja la libertad de pensar que los funcionarios se
manejan en base a otro tipo de beneficios o intenciones personales o partidarias
y no de los intereses de la Nación.
Por
ejemplo, la Resolución 138/23 por la que se instrumentan supuestos beneficios a
las “Economías Regionales” (sin determinar claramente cómo se definen) ha
dejado afuera del listado mencionado en el Anexo de la misma una gran cantidad
de productos que se producen en determinadas regiones del país, bien
identificables, u otros cuyo consumo interno no es relevante. Encima, entre los
requisitos que se les exigen a los exportadores que quieran adherir al
programa, mencionan: que hayan exportado esos productos en los últimos 18 meses
(restringiendo el alcance), que se comprometan a aumentar los puestos de
trabajo, que asuman el compromiso de abastecer el mercado interno y que cumplan
el acuerdo de precios que establezca la Secretaría de Comercio. Enunciado que
se vuelve imposible de cumplir y de controlar con claridad, más pensado en
función de acuerdos de intención con Cámaras que para empresas.
Pero
yendo más a fondo en el análisis del Decreto 194/23, la “mala praxis”
cuestionable y, a mi modesto entender, condenable, podemos verla reflejada en
los guarismos de ingresos de divisas generados durante los primeros seis días
de funcionamiento del sistema, durante los cuales el B.C.R.A habría comprado
997,5 millones dólares de acuerdo a lo Dispuesto en el Decreto 194/23, a $300.-
(según datos obtenidos del MAE para operaciones cam9) y habría vendido 1.241,5 millones
dólares en el MULC, a un valor promedio de $ 215,75, produciendo una pérdida promedio
de casi $ 85.- por dólar comprado. Esto arrojaría la friolera de $ 84.762
millones perdidos en cinco ruedas por los dólares comprados a $300.-, o lo que
es lo mismo, USD 392,8 millones de dólares perdidos a tipo de cambio oficial.
Si
uno se tomase el trabajo de calcular los derechos de exportación equivalentes
recaudados por el registro de exportaciones de los productos del complejo
sojero (DJVE), durante esos seis días (ya que se estima que no se han comprado
aún dólares procedentes de productos incluidos en la Resolución 138/23 de las
economías regionales), se caerá en la cuenta de que el 100% de los derechos
correspondientes según los valores FOB oficiales por producto y por día, serían
equivalentes a USD 105,7 millones de dólares y, por lo tanto, era mucho más
conveniente para el país, más transparente y menos pro inflacionario, haber
eliminado todos los derechos de exportación que haber instrumentado esta nefasta
medida. Recordemos que el Decreto 194/23 no sólo fue firmado por el presidente,
Alberto Fernández, y por el ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, sino por
todo el gabinete de ministros y el jefe de Gabinete, quienes en algún momento
deberán rendir cuentas por esta mala praxis y las cuantiosas pérdidas generadas
a toda la ciudadanía, muy fáciles de demostrar.