El gobierno de “mentirosos”, más que de científicos o inteligentes, inventó
todos los instrumentos posibles disfrazados de palabras grandilocuentes para
hacer visible su encono existencial contra el sector agropecuario. Desde el
cierre y las limitaciones a las exportaciones de carne, con el fin de frenar el
aumento de precios y mantener las parrillas encendidas, hasta el invento de los
“volúmenes de equilibrio” para los ahora “bienes culturales”, como llamó al
trigo y al maíz, limitando el registro de sus ventas al exterior; pasando por
la renovación del fideicomiso aceitero y la reciente creación del de trigo y
maíz para garantizar la baja de los precios de la harina 000 y los fideos duros
de 500 gramos en la “mesa de los argentinos”. Nada de esto le funcionó según
los objetivos buscados y no por el estallido de la guerra debido a la invasión
de Rusia al territorio ucraniano (que el presidente de la Nación casi negó y la
señora vicepresidenta ocultó entre las piedras de su silencio twittero y
cinematográfico), sino porque realmente no dan pie con bola y no saben cómo bajar
la inflación. Y aunque esté casi probado en el mundo que el tema pasa por evitar
la emisión monetaria sin respaldo alguno, los científicos convertidos en
mentirosos seriales, dicen que las causas de la inflación son muchas y se
alegran de engrosar el vocabulario progresista y nac & pop, con el término
“multicausal”. Y pareciera que el sector agropecuario es parte de ese fenómeno
multicausal que agobia a los argentinos desde los tiempos de ñaupa. Por esa
razón, hay que castigarlos y sacarles toda la renta posible para que el Estado
inteligente la maneje a su buen saber y entender de manera de regar con
“justicia social” la economía y acabar con la multicausalidad.
En ese marco de sainete y de mentiras parece encuadrarse este nuevo cierre
de registros de exportación, en este caso, para el aceite, la harina y los
pellets de soja. Lo curioso es que fue este Gobierno el que le restituyó a la
industria aceitera un diferencial del 2% respecto al poroto, que ahora dice
querer quitarle para poder cumplir con las metas pautadas con el FMI, aunque en
realidad pareciera que le servirían para aumentar los planteles de empleados
públicos, los planes sociales truchos, los subsidios y la creación nuevas
unidades en el Estado. Lo cierto es que esta nueva intromisión del Estado en
los mercados no hace más que generar incertidumbre futura y el campo se
pregunta si luego de que se apruebe el refinanciamiento con el FMI en el Senado
(con el apoyo de Juntos por el Cambio, que ha expresado su oposición a todo
aumento de impuestos), el Gobierno no aumentará los derechos de exportación
también para el trigo y el maíz, aunque legalmente no podrían hacerlo por la
caída a fines de 2021 de la ley de emergencia económica vinculada con el
presupuesto rechazado en la Cámara de Diputados. Pero claro, en un país donde
la Justicia funciona a cuenta gotas, todavía es posible que se suban los derechos
en función de algún artículo del código aduanero pese a fallos existentes sobre
su inconstitucionalidad. El Gobierno ha dicho que no subirán los derechos al
trigo y el maíz, ¿pero cómo es posible creerles después de tantas mentiras?
Si bien el campo ante tal incertidumbre ha comenzado a reaccionar con
quejas, comunicados de diversas entidades, amenazas de frenar la comercialización
de granos y algún corte simbólico de rutas, lo que uno debiera preguntarse es
que otras acciones los productores y las entidades gremiales deberían tomar
para que el Gobierno deje de meterle la mano en el bolsillo con los derechos de
exportación, la brecha cambiaria y todos los demás impuestos que tiene este
país donde cada vez somos menos los que aportamos desde el sector privado para
el sustento de la política, los planes y pensiones de todo tipo, las
jubilaciones de privilegio, las prebendas sindicales y todo la ristra de
anomalías que cada uno conoce y que huelen a escándalo.
Más allá de las formas acostumbradas de protesta, la principal batalla debe
librarse en el terreno judicial y legislativo, poniendo de una vez por todas
limitaciones claras al Poder Ejecutivo para que estos impuestos sean autorizados
exclusivamente en el ámbito legislativo como manda la Constitución Nacional. En
segundo lugar, realizar explicaciones estadísticas ante la sociedad que prueben
el fracaso de estas exacciones al campo en la lucha inflacionaria. Probarle a doña
Rosa que la inflación sigue creciendo por más subsidios que se le den a los
molinos harineros, a los criadores de pollos o a los fabricantes de aceites. Además,
mediante una campaña de concientización, deberían ponerse en todas las rutas y pueblos
agropecuarios banderas argentinas que digan: “dejen de robarle al campo y bajen
el gasto público” y repartir distintivos con dicha consigna a todos los
ciudadanos. Por último, es necesario que los propios productores tomen
conciencia de que deben participar activamente en política y defender en todos
los ámbitos sus derechos a la libertad de comercio y la libre competencia, para
lo cual hace falta contar con entidades fuertes y con recursos económicos
suficientes que deben provenir de los propios productores, muchas veces reacios
a contribuir o a formar parte de las mismas.