Hablar de “saldos exportables” de granos que hay que vigilar y controlar es un atentado contra el sector más dinámico de la economía nacional y el que genera más divisas y, lamentablemente, más recaudación por el cobro de derechos de exportación. Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pareciera que es un término que utilizará mucho, a la par del de “administración inteligente”. Y lo utilizará mucho, porque es su justificación para el manejo discrecional y arbitrario de los registros de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los principales granos de exportación, establecido por la Ley 21.453 y sus complementarias.
Sabido es en el mercado que, en marzo de este año, cuando el registro de exportaciones de trigo de la campaña 20/21 llegó a 10,2 millones de toneladas registradas, los funcionarios del MINAGRI le pidieron al sector exportador, que se abstuvieran de hacer más registraciones. Pedido que nunca se sabrá en que forma se realizó, pero que, seguramente, fue más por presión que por consenso, ya que uno tiende a creer que las empresas exportadoras de granos defienden la libertad de comercio y deberían oponerse a todo tipo de cuotificación, reparos o límites. Esto que sucedió con el trigo, luego de varios amagues, sucedió también con el maíz, cuando los registros de la campaña 20/21 llegaron a los 38,5 millones de toneladas y volvió a suceder con el trigo de la campaña nueva 21/22, cuando las registraciones llegaron a 9 millones.
¿Cuáles serían los argumentos de las autoridades? Pues que si el país tiene una producción de X toneladas y un consumo de Y, más el stock de seguridad Z, que hay que tener por si acaso, no se puede exportar más de tantas toneladas y que eso es lo que vendría a llamarse el saldo exportable (otros en el mundo hablan de “balance for export” o balance para exportación). O sea que X-Y-Z =SE. ¿Y por qué SE condiciona la ecuación? Según el razonamiento de los “administradores inteligentes”, porque si se exporta más de lo debido, el mercado interno se quedará sin abastecimiento, entonces se producirá una suba de precios internos de estas materias primas que afectará los precios de los productos elaborados con ellas (llámase pan, pollos o cerdos) y tendremos más inflación que afectará la “mesa de los argentinos” y que si afectamos la mesa de los argentinos tendremos un problema, un estallido social o lo que es peor aún, nos dejarán de votar y no podremos ganar en el futuro una elección, aunque ahora, aunque se pierda, se diga que se gana.
Ocurre que ningún país del mundo libre y desarrollado adopta este tipo de medidas y menos que menos los países exportadores (excepción hecha del caso ruso, que ya sabemos que no es tan libre y que dependiendo del humor de Putin, le pone, cada tanto, derechos de exportación al trigo y hasta cuotifica las exportaciones del cereal). En cambio, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil, no se preocupan tanto por el SE, porque saben que la inflación se produce generalmente por otras causas, como la emisión monetaria sin respaldo o que, estas materias primas no tienen tanta incidencia en los precios de los productos elaborados (como en nuestro caso, el trigo no incide en más de un 11% en el valor del pan). ¿Qué hacen estos países que no se desvelan por el saldo exportable? Pues si ven que se van a quedar sin oferta local, importan y lo hacen sin ningún problema ni restricción, ni pensando si eso es nacional y popular como se diría en nuestro suelo. Y no lo hacen los estados sino directamente las empresas que necesitan del insumo.
Hoy corre la versión de que el Gobierno impulsaría pequeñas aperturas del registro de DJVE para que se registren nuevas ventas de trigo nuevo y de maíz viejo, porque luego de que los “administradores inteligentes” se reunieron con las “mesas sectoriales” y decenas de expertos y calculadores, estimaron cuánto es la verdadera X y la verdadera Y, y cuánto debe ser una segura Z, y suponen cuál es el SE adecuado, se permitiría aumentar el SE, que nadie sabe cómo se reparte, ni quién lo decide, porque estas cosas no se publican claramente en la página web del Ministerio, sino que se arreglan con los exportadores, bajo presión o por consenso obligatorio, mientras los precios del mercado local pierden su referencia con los internacionales y comienzan a moverse al compás de las decisiones de funcionarios que manejan empalmes de cosechas y acoples de numerales.
Lo cierto es que existe otro modelo, claro, transparente y que no genera distorsiones y fue el que aplicamos durante cuatro años (2016-2019) con el registro de DJVE, sin ninguna intervención ni reparo. Confieso que los saldos exportables no eran motivo de debate ni mucho menos de temor y nunca nos quedamos sin abastecimiento, porque confiábamos en que los mercados y sus precios son los que arbitran la oferta y la demanda. Pero claro, todo cambia según la ideología.