El ministro de Economía, Dr. Sergio
Massa, acaba de lograr que se sancione en el día de ayer la instrumentación de
un nuevo dólar agro a través del Decreto 194/23. En este caso el tipo de cambio
prometido para quienes adhieran al sistema será de $300.- no sólo para el
complejo sojero, sino para algunos productos de economías regionales que
todavía no se conocen. Esta medida es una continuación del llamado “Programa de
Incremento Exportador” (que no tiene nada de incremento sino que se trata de
anticipos) y que originalmente se instrumentó con el Decreto 576/22 por el que
se pagó entre el 4 y 30 de septiembre de 2022 un dólar de $200.- sólo a los
exportadores del complejo sojero y el Decreto 787/22 por el que se pagó a los
mismos exportadores, entre el 28 de noviembre y el pasado 30 de diciembre,
$230.- por dólar liquidado.
Según
distintas fuentes de información recabada, con el llamado “dólar soja 1” se
liquidaron aproximadamente 7.664 millones de dólares, con el “soja 2” unos
3.155 millones y se espera que con este “soja 3 + economías regionales” que
será más extenso en el tiempo (31 de mayo para el complejo sojero y 30 de
agosto para el resto), se liquiden unos 6.000 millones. Conclusión, los tres
programas arrojarían anticipos en la liquidación de divisas por cerca de 16.800
millones de dólares sumado a los anticipos en el pago de derechos de
exportación de las nuevas registraciones que se realicen de Declaraciones
Juradas de Venta al Exterior, en el caso de productos alcanzados por la Ley
21.452.-, más el pago de derechos de los productos que no se encuentran
alcanzados por dicha Ley.
Todo
esto se hace, en aras de contribuir a robustecer las reservas del Banco
Central. Lo que el ministro se olvida de mencionar cada vez que saca estos
conejos, es la multiplicación de efectos negativos que producen esta medidas no
sólo en cuanto a emisión monetaria que retroalimenta la inflación; sino la
pérdida directa que el funcionario le genera al Estado nacional, comprando con
total conciencia de sus actos, dólares a $200, $230 o a $300 y vendiendo
dólares (en promedio de los períodos mencionados para cada Decreto) a $143.- y
$172.-, así como un estimado acompañando al “dólar soja 3” (al ritmo
devaluatorio del tipo de cambio oficial del último mes) de aproximadamente $
230.- Estas sucesivas pérdidas estimadas estarán en el rango de entre el 30% y
40% del total liquidado. Por lo tanto y sin considerar la pérdida cambiaria
sobre el anticipo de los derechos de exportación, la pérdida podría estar en el
orden del 35% sobre los mencionados 16.800 millones de dólares, es decir, en
casi unos 6.000 millones de dólares, si se vendieran la misma cantidad de
dólares que se compran. De todas formas, vendiendo más o menos cantidades, por
no tomar medidas profundas respecto a la política cambiaria, las pérdidas
existirán.
Me
pregunto cuál es la responsabilidad directa del funcionario público cuando
realiza este tipo de programas que arrojan pérdidas al erario público, con
evidente conciencia y posibilidad de cálculo de las mismas. ¿No pasa nada? ¿No
tiene ninguna responsabilidad civil? Obviamente, habrá que hacer un análisis
más fino, día por día de los ingresos y egresos de divisas de los tres
programas, así como del anticipo en el pago de los derechos de exportación y su
correspondiente pérdida si se los hubiesen percibido en el futuro, antes de
iniciar cualquier tipo de acción contra los responsables de las pérdidas
ocasionadas al Estado y por ende a la ciudadanía, como resultaron en el pasado
las acciones de otro incompetente ministro de Economía, como lo fue Axel
Kicillof, con la mala praxis aplicada en la nacionalización de YPF o en la
distorsión en el manejo de los datos del INDEC que afectaron los bonos atados
al crecimiento del PBI.