El reciente asesinato de la policía Maribel Zalazar, perpetrado en la estación Retiro por el ciudadano paraguayo de 30 años, Oscar Gustavo Valdez, con antecedentes penales tanto en nuestro país como en el Paraguay, más allá de los otros debates que pudieran surgir alrededor del hecho (empoderamiento policial, uso de pistolas Taser, reducción de penas excarcelables, etc…), debe llevarnos a un fuerte replanteo de nuestra política migratoria.

Hablando de este tema, durante el Gobierno presidido por Mauricio Macri, a través del Decreto 70/2017 se modificó la Ley 25.871 de migraciones, a fin de evitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar con celeridad a los residentes extranjeros que cometiesen delitos punibles en nuestro país (en el 2016 se había comprobado que el 21,3% de la población carcelaria eran extranjeros y que también lo eran el 33% de los narcotraficantes presos). Sin embargo, con la llegada al poder del Frente de Todos y su insana política garantista de defensa de los delincuentes, se derogó el mismo considerando que sus postulados eran irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Hablar de la política migratoria siempre es difícil en Argentina, pero vamos a intentar hacerlo analizando los principales tipos de migración. Están los inmigrantes que vienen a invertir, a gastar en turismo o a trabajar con contratos laborales; están los que vienen temporariamente a estudiar o a curarse; están los que llegan empobrecidos de sus países de origen y enseguida reclaman planes sociales y derecho a la vivienda; y están los que vienen a infringir las leyes o lisa y llanamente, a robar o matar. Los tres primeros deben ser bien recibidos, como siempre lo ha hecho la Argentina. Los que vienen a estudiar o a curarse, tendrían que contribuir con el pago de aranceles al sostén de hospitales, escuelas y universidades, a menos que existan convenios de reciprocidad en sus países de origen para con los argentinos. Para los que llegan empobrecidos debería evaluarse su ingreso de acuerdo a la situación económica del país y las posibilidades laborales existentes. En cuanto a los últimos, tendría que aplicarse la filosofía del mencionado Decreto 70/2017, es decir, prohibir el ingreso de los extranjeros con antecedentes o deportarlos inmediatamente si cometen un delito, ya que la participación de ciertos grupos de inmigrantes en el crecimiento del narcotráfico, los crímenes sicarios, los mayores índices de delincuencia, la ocupación ilegal de tierras, el reclamo violento de subsidios, el contrabando en zonas de frontera o la venta ilegal de mercadería en las calles; es cada día más alarmante.

Sabido es que somos una nación de inmigrantes y que la Constitución Nacional en su Preámbulo, abre las puertas a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”; que en su artículo 20, dice que “obtienen la nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación”; y en el artículo 25, se menciona que: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Sin embargo, esta apertura a la inmigración que se fundamenta en la necesidad de “poblar” la nación y enriquecerse no sólo con las inversiones sino con el aporte cultural y el esfuerzo de cada grupo que llega a nuestra patria, no significa que no deba exigirse el cumplimiento de ciertas reglas básicas de convivencia y el respeto a las leyes, cosa que pareciera no ocurrir, porque desde hace décadas, la política migratoria (sobre todo por parte del peronismo) ha sido pensada más en función de los votos a conseguir de los inmigrantes que se convierten en futuros residentes.

Haciendo un poco de historia diremos que, en el año 2002, se firmó entre los países miembros del llamado “Mercosur extendido”, el tratado de libre residencia y trabajo, por el que, a cualquier habitante de los países miembros, con sólo un certificado de buena conducta, se le otorgaba la residencia temporal por dos años, a partir del cual podían pedir la definitiva. Al año siguiente, se incorporó a los peruanos y en el 2006 se puso en marcha el “Plan Patria Grande”, por el cual se extendió los beneficios de residencia y trabajo para los ciudadanos de Ecuador, Colombia y Venezuela. Finalmente, en 2013, se les dio similares beneficios a dominicanos y senegaleses. Las cifras de esta política son elocuentes. Basta decir que por el plan “Patria Grande”, se documentó y dio la residencia entre 2006 y 2008, a 714.907 ciudadanos extranjeros que estaban en forma ilegal en el país. Así, según el censo de 2010, la población de extranjeros pasó a ser de 1.805.957 personas, representando el 4,5% del total del país.

Lamentablemente, el censo del 2022 no tocó el tema de los residentes extranjeros, ni el carácter de su residencia, ni tampoco la Dirección Nacional de Migraciones continuó aportando estadísticas públicas en forma anual sobre el plan “Patria Grande” y el otorgamiento de residencias a extranjeros. Sin embargo, contamos con datos parciales aportados por dicha Dirección de agosto de 2022 (sólo en base a los documentos digitales extendidos), que nos hablan de que habría en el país 3.033.786.- de residentes extranjeros (6,5% del total de la población), de los cuales más de la mitad proviene de Paraguay y Bolvia, concentrándose principalmente en el Gran Buenos Aires. De los datos precedentes notamos un incremento de los residentes extranjeros del 4,5% de la población en el 2010 al 6,5% en el 2022, sobresaliendo el incremento de inmigrantes venezolanos, colombianos y chinos.

Concluyendo, es evidente que algo hay que hacer respecto a la política migratoria. La realidad nos está convirtiendo en una “Patria chica” donde, además, pueblos originarios de otros países reclaman nuestro propio territorio.