Si algo nos deja de enseñanza el peronismo en su fase kirchnerista es que su obstinación por frenar la inflación mediante artilugios poco ortodoxos ha sido y es un fracaso. El mejor ejemplo son las distintas formas de intervención tanto en el mercado de las carnes como de los granos, a través de la creación de fideicomisos, fondos, volúmenes de equilibrio, saldos exportables, cuotas de exportación o compensaciones con la excusa de desacoplar precios y defender a raja tabla la “mesa de los argentinos”. Pero la experiencia, no sólo nos muestra el fracaso de estas artimañas, sino que nos revela el beneficio que oculto, solapado o a plena luz del día, obtienen los amigos de los funcionarios de turno. Es decir que con la excusa de la defensa de la mesa de quienes menos tienen (los pobres), se beneficia a ciertos sectores que mucho tienen o para que comiencen a tener mucho más (los amigos ricos o nuevos ricos). De esta forma, el peronismo en su fase kirchnerista enloda la bandera de la “justicia social” (uno de los tres pilares de la doctrina), para transfomarla en una gran injusticia que genera más pobreza, marginalidad e indigencia.

Nada puede sorprendernos ya de este Gobierno, que miente y miente, quizás pensando, como se le atribuye a Goebbels: “que algo quedará” o que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. El Presidente, nos dice que somos el segundo país que más crece en el mundo, que Alemania tiene más inflación, que él nos está desendeudando, que salvó a miles de argentinos de la muerte durante la pandemia, etc… cuando la realidad nos muestra todo lo contrario: 98,8% de inflación; pobreza del 43%; desempleo del 32% (según datos de la UCA porque en los del INDEC, después de lo del Censo, mucho no se puede confiar); endeudamiento récord; y miles de argentinos muertos por no recibir la vacunación a tiempo debido a los negociados del Gobierno que alguna vez se probará.

Pero vayamos a dos o tres ejemplos de los artilugios del Gobierno implementados en el mercado de los granos y en el de la carne. En el primer caso analizaremos el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y en el segundo caso dos medidas recientemente anunciadas por el ministro ilusionista, Sergio Massa. Esto es, el plan de 7 cortes para bajar el precio de la carne vacuna dentro del ya fracasado programa de “Precios justos” y las compensaciones para los productores de porcinos.

Hablemos un poco del FETA, más allá de todas las denuncias que ya existen sobre el mismo, tanto en tribunales, como por parte de los pequeños y medianos integrantes de la industria molinera. Es un fideicomiso que maneja el BICE, siendo la autoridad de aplicación la Secretaría de Comercio Interior, cuyos recursos provinieron de los fondos obtenidos por el incremento temporal, durante 2022, de los derechos de exportación de los subproductos del procesamiento de la soja (un 2%), que hasta el día de la fecha no se sabe bien públicamente cuánto se recaudó (se habla de $35 mil millones) ni cómo se controlaron sus ingresos, pero lo más preocupante es que hay muchas dudas respecto a la forma cómo se distribuyó, entre quiénes (muchos no cumplían con los requisitos de solvencia fiscal y económica), cómo se estableció la fórmula compensatoria y bajo qué controles de cumplimiento, sobre todo, cómo se controlaron las cantidades de harina producidas y vendidas por los molinos beneficiarios, así como la calidad de la misma. Lo que sí está claro es que, si el objetivo era entregar subsidios a los molinos para que cumplieran con ciertos precios de referencia en la venta de harina y que de esta manera no subiera el pan, el fracaso fue más que significativo. El precio del pan francés en promedio estaba en $250.- en marzo del 2022 y ahora está por arriba de los $500, además, por ejemplo, la harina 000 subió el 9% en enero. Sin embargo, por lo que se dice, Sergio Massa querría seguir con el FETA (no se sabe si hasta terminar de repartir el saldo de fondos existente o recaudando fondos nuevos de algún nuevo impuesto).

Por otro lado, anteayer, el doctor Massa (abogado devenido en economista), resucitó el viejo plan “carne para todos” que instrumentaron Cristina Fernández de Kirchner y Guillermo Moreno en el 2011 (era muy similar). En este caso el programa tiene previsto que los frigoríficos vendan 15.000 toneladas mensuales de carne de siete cortes parrilleros (asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado) a “precios justos” indicados por el Gobierno, que implicarían una rebaja del 30% de los precios actuales, a cambio de que no les limiten más las exportaciones y supuestos beneficios para los productores que engorden hacienda (se habla de un reparto de hasta $15.000.000.000 con un tope de hasta 100 animales y $2 millones por productor), con el consiguiente “superbeneficio” para el consumidor. Además, habrá rebajas en pagos con tarjetas de débito y crédito. Obviamente que los fondos saldrán del erario público. ¡Qué lástima que no incluyeron la entraña!

Asimismo, ayer nos desayunamos con la Resolución 115/2023 del Ministerio de Economía, por la que se crea el ridículo “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO ARGENTINO-SECTOR PORCINO”. Y digo que es ridículo porque el objetivo es “estimular la producción, el desarrollo y el fortalecimiento de las economías regionales y asegurar el abastecimiento de proteína animal en el mercado local”, para lo cual se crea un programa que repartirá hasta $1.200.000.000.- (poco más de 3 millones de dólares a tipo de cambio real) para morigerar el alza de los precios de la soja que consumen los porcinos, con un tope de compensación de $4 millones por productor, que se dará en base a una extraña fórmula entre producción y consumo, o sea que tiene un alcance máximo de 300 productores de cerdo y cuyos fondos provienen del famoso FONDO DE INCREMENTO EXPORTADOR que se creó cuando se instrumentaron los conocidos programas de mejora del tipo de cambio, “soja 1 “ y “soja 2”, por el que el Estado anticipó ingresos de divisas y derechos de exportación en los meses de septiembre y diciembre, a costa de una pérdida cambiaria de envergadura que terminamos pagando todos los argentinos con mayor emisión e inflación. La verdad es que, si piensan que con esta medida morigerarán los costos de producción y por consiguiente los precios de venta de la carne de cerdo, viven en otro planeta.

No me detengo en la Resolución 100/2023, también de ayer, por la que se crea el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO ARGENTINO-SECTOR AVIAR”, porque es muy parecido al anterior, aunque repartiendo $2.200.000.000, y resultaría cansador para el lector.  

En definitiva, todos estos programas de “te saco por un lado y te doy mucho menos por el otro y si es posible a los amigos” están diseñados no sólo para el fracaso, sino para que los controles sean muy difíciles y den lugar a los escándalos que ya vimos durante los gobiernos kirchneristas con las compensaciones otorgadas a través de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), en tiempos en que el actual Presidente y el ministro de Economía, pasaron por la Jefatura de Gabinete.