El campo se debate entre las inclemencias climáticas; las agresiones permanentes de un Gobierno que dice buscar el diálogo y el consenso, pero que actúa siempre imponiendo su ideología; y la representatividad de una dirigencia agropecuaria cuestionada por las bases.

La sequía era esperable, ya que se nos venía hablando hace meses de un posible efecto “Niña” que siempre augura falta de agua y altas temperaturas, pero muchos pensaban que iba a ser más suave de lo que es. La misma está afectando el sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y casi toda la pampa húmeda argentina. Habiendo prácticamente terminado la cosecha fina local, con una producción récord de trigo que muchos estiman en 22 millones de toneladas, el asunto ahora es ver cuánto se perderá de maíz y soja, más allá de que se esperan lluvias favorables entre el 14 y 22 de enero y que en febrero el registro de agua podría normalizarse. Pero ya se perdió una parte que podría estar entre el 10% y el 15% de lo sembrado, lo que no es poca cosa sobre todo en la soja, con la escasez productiva de los últimos años.

Las medidas del Gobierno que se suceden contra el sector no dejan de inquietar. Se conoció el régimen de exportaciones 2022 para las carnes, con prohibiciones para siete cortes y limitaciones de volúmenes para ciertas categorías, volviendo a reeditar el registro de los otrora llamados “ROEs rojos” que en la gestión anterior eliminamos. Por otro lado, el Gobierno, amplió el “volumen de equilibrio” que había fijado para las exportaciones de trigo de la nueva campaña llevándolo de 12,5 millones a 14,5 millones de toneladas a partir del día de Reyes. Según el comunicado 01/22 de la Subsecretaría de Mercados, lo hicieron a pedido de la Mesa Intersectorial del Trigo. Es decir, volvieron a vincular a sus políticas de apertura y cierre de registros, que atentan contra la libertad de comercio, a los actores de una cadena que se dejan utilizar por esta política de intervención del mercado, cosa que jamás existió durante el Gobierno anterior. Por otra parte, la idea del Gobierno de establecer un fideicomiso para subsidiar precios al consumo de la harina 000, los fideos duros de 500 gramos y los pollos enteros congelados con los menudos adentro, sigue rondando y no caben dudas que lo terminará pagando en deducción del precio FOB el productor. Los guarismos inflacionarios parecen no hacer reflexionar a los funcionarios, sobre la inutilidad de todas estas medidas.

Por último, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en ese arte del manipuleo permanente que lo caracteriza, produjo dos nombramientos en el ministerio para confundir al sector, pero parecería que le salió mal la jugada. Ya que al nombrar al exasesor económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, como nuevo Secretario de Agricultura, y a un ex técnico de la Federación Agraria (FAA), Jorge Ruiz, como nuevo jefe de Gabinete, se produjo una reacción inmediata de rechazo por parte del sector. Las dos entidades desmintieron cualquier acuerdo para dichos nombramientos y junto con la Sociedad Rural Argentina (SRA) decidieron irse del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que pretendía ser representativo de toda la cadena agroindustrial. Por otra parte, si bien COINAGRO permanece en el CAA, la Mesa de Enlace en su conjunto sacó un comunicado repudiando todas las recientes medidas del Gobierno y se hizo presente en la asamblea de los productores autoconvocados el sábado en Armstrong, apoyando sus reclamos.