Entre las grandes responsabilidades
que tenemos los argentinos, crear empleo y mejorar la distribución de
la riqueza para reducir los índices de pobreza, exclusión y
marginalidad resultan prioritarios, tanto, como la de detener la ola de
violencia e inseguridad, porque ambas se retroalimentan. Y esta
responsabilidad hoy, traspone los deberes cívicos, para convertirse en
una cuestión no sólo ética sino moral, donde va en juego el futuro de
muchos de nuestros compatriotas.
Cómo y qué
hacer para lograrlo debiera ser entonces la mayor ocupación del Estado,
junto al aporte que le cabe a la sociedad en su conjunto. El Presidente
de la Nación declara que le “duele la pobreza” y hace bien, porque a
todos nos pasa lo mismo, pero la acción no puede agotarse en la
declamación de sentimientos, la descripción del cuadro, la búsqueda de
culpables o la puesta en marcha de proyectos parciales como un plan de
viviendas que apenas sobrepasa lo que anualmente viene realizando el
Estado. El asunto es más profundo y requiere de actos concretos y
arriesgados. Son muchas las medidas que se podrían tomar para lograr tal
objetivo, pero pienso que hay que ir a lo concreto y tratar de
enunciar algunas.
En primer
lugar, a nivel macroeconómico, es bien sabido que para que haya empleo
debe haber inversión y ésta requiere de seguridad jurídica (a la que
hoy debiera sumarse la “física”) y de reglas de juego económicas
previsibles. Por lo tanto, el Estado tiene que generar el “clima
propicio” para que se realicen inversiones, cosa que hoy no existe.
En segundo
lugar y a nivel específico, es necesario contar con leyes laborales
adecuadas para enfrentar la dramática coyuntura social en la que
vivimos, olvidando viejas conquistas del pasado que nada contribuyen a
multiplicar el trabajo y sólo protegen los intereses de unos pocos,
dada la pesada carga impositiva que trae aparejado el dar empleo y los
tortuosos riesgos jurídicos que ello implica.
En tercer
lugar, es necesario practicar una reforma impositiva sin precedentes,
estableciendo un sistema simple, de cobro posible, eliminando los
impuestos que castigan a los sectores de menores recursos (caso del
Impuesto al Valor Agregado) y facilitando la coparticipación federal
mediante la modificación del sistema de recaudación de los mismos.
Por último,
hay que modificar la política de acción social, tendiendo a que la misma
esté concentrada en planes que generen empleo y capacitación laboral,
dándole una participación prioritaria a las ONG en la canalización de
los recursos y ampliando los porcentajes de deducción impositiva para
las contribuciones empresarias que se encaminen a tal fin.
Lamentablemente,
si seguimos inmersos en los mezquinos juegos de los intereses
políticos y en vez de ocuparnos de solucionar los problemas de fondo,
nos preocupamos tan sólo por las cuotas de poder y de dinero que se
manejan desde allí, un día nos despertaremos y encontraremos la
República partida en pedazos sin posibilidad alguna de reconstruirla.